Mientras el país vive una crisis eléctrica, no tienen un panorama legal claro pese a la Ley 1715 de 2014 y a que están registrados y con estudios de conexión ante la UPME.
Mientras a Colombia le hacían falta algo más del 5% de su generación eléctrica para evitar los racionamientos de luz, debido a la escasez de agua que el fenómeno de El Niño ha causado en las hidroeléctricas que representan cerca del 80% de esta producción diaria, inversionistas privados tienen registrados, con estudios de conexión, 19 proyectos de energías eólica y solar, que pueden producir el 6,5% de la electricidad que necesita el país, esperan una reglamentación.
EL HERALDO conoció que la mayoría de estas iniciativas, que reposan en una especie de banco de proyectos de la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, tienen a la Región Caribe como epicentro de generación: están formulados 12 proyectos eólicos –aprovechamiento del viento– para La Guajira, con una producción de 1.591 megavatios (MW), y hay otros 7 solares, de los cuales 4 están propuestos en el Cesar, 2 en Atlántico y 1 en Sucre, con capacidad para 120,2 megavatios. (Ver tabla: Los proyectos propuestos)
“Todo está frenado por incumplimiento de la Ley 1715 del 2014 que, casi dos años después de su aprobación en el Congreso y de haber sido firmada por el presidente Juan Manuel Santos, no la han reglamentado”, denuncia el senador José David Name Cardozo, creador de la llamada Ley de energías limpias o renovables.
Afirma que el retraso “sí” beneficia al sector hidroeléctrico, pues subraya que “como hay escasez de energía los precios se han disparada, afectando a los consumidores”.
Name señala directamente al viceministro de Energía, Carlos Eraso, y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, de “haber engañado al presidente Santos y al país” al decirles que la generación hidráulica “podía soportar la matriz energética nacional” en medio de la severa sequía.
FALTA POR HACER
El Ministerio de Minas y Energía adoptó en febrero de este año el Plan de Expansión de Referencia Generación-Transmisión 2015-2029 elaborado por la UPME.
En un comunicado, el director de esta entidad, Jorge Valencia, informó que fueron estudiados y definidos 8 posibles escenarios para la matriz energética de generación, con base en la dotación de recursos naturales, el registro de proyectos y las solicitudes de conexión, “encontrando que se requieren entre 4.208 y 6.675 megavatios de expansión para la próxima década”.
Este escenario contempla una “mezcla óptima” de todas las fuentes de energías, tanto convencionales como no convencionales, aunque principalmente se sustenta en la generación térmica a base de carbón (1.000 MW), eólica –en el norte de La Guajira– (1.200 MW), hidráulica (cercana de 1.500 MW), aproximadamente 500 MW en proyectos solares, geotérmicos y de biomasa y 700 MW en plantas de generación menor.
Sin embargo, empresarios del sector de las energías limpias consideran que “falta mucho por definir”.
Así lo estima Andrés Aranguren, gerente de Green Caribbean, empresa que tiene registrado un proyecto de 19,9 MW de generación solar en Valledupar, con inversión de USD30 millones.
Dice que “el principal problema es la falta de claridad en las posiciones del Gobierno” y señala que los esfuerzos que este haga no deben apuntar solo a los “incentivos cortos y breves”.
Se refiere a que además de los descuento en los aranceles para la importación de equipos, la exclusión del IVA y la deducción en el impuesto de renta, contemplados en el Decreto 2143 del 4 de noviembre de 2015 expedido por el Ministerio de Minas y Energía, también “debe existir una tarifa especial , clara y definida para las energías limpias”.
Señala que hay proyectos que fueron presentados incluso antes de que se expidiera la Ley 1715, “lo que significa que el país está rezagado en este tema, mientras el mundo cambia”.
“Si esta política se hubiera trazado hace 10 o más años, esa energía que hoy nos está haciendo falta la tendríamos disponible con estas fuentes energéticas, que son más amigables con el medio ambiente y es hacia donde avanza el mundo”, agrega Aranguren.
La petición de una tarifa especial radica en que construir proyectos eólicos o solares sigue siendo –a pesar de que los precios han bajado– más costoso por la tecnología que utilizan.
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