Identificaron a responsables de muerte de jaguar en Antioquia
Seis personas reconocieron ante las autoridades ambientales la autoría de los hechos.
Por: Redacción EL TIEMPO
Foto: Archivo particular
Una serie de fotos en donde aparece un grupo de personas que torturan y asesinan a un jaguar comenzaron a circular el pasado 17 de mayo en redes sociales
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Después de nueve días de investigación, la Policía Ambiental y Corantioquia lograron identificar a seis personas que aceptaron haber dado muerte a un jaguar en el municipio de Yondó, en el Magdalena Medio.
El caso pudo ser resuelto debido a la denuncia hecha por un ciudadano de la región, después de que el sábado pasado las alcaldías de Yondó y Puerto Berrío ofrecieran 5 millones de pesos como recompensa a quien diera información.
La denuncia pública fue hecha el pasado 17 de mayo, a través de la cuenta de Facebook de Juan Felipe Echeverri, que subió las imágenes donde aparece un grupo de personas que torturan y asesinan a un jaguar.
En el mensaje, Echeverri señaló que la captura y muerte del animal sucedió en inmediaciones de su finca, en donde la familia y los trabajadores habían puesto mensajes de ‘No cazar’, para tratar de proteger esta especie que está en vía de extinción.
“Mataron a este hermoso jaguar que no molestaba ni le hacía daño a nadie, por favor comparte estas imágenes”, señala el mensaje.
Ante estos hechos, funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) comenzaron un recorrido por la zona. Pero solo hasta el pasado lunes, cuando recibieron la denuncia, pudieron llegar al lugar de los hechos.
Según el director de Corantioquia, Alejandro González, los responsables aceptaron los cargos, dieron información sobre el cuerpo del animal y entregaron algunas pruebas.
"El día de hoy estamos imputando cargos a estas personas desde el punto de vista sancionatorio ambiental, que los puede llevar hasta multas de 3.5 millones de pesos y, en paralelo, les estamos entregando a la Policía y a la Fiscalía el informe técnico para el proceso penal", dijo González.
El Acuerdo de París es una condena explícita y tajante a la pretensión de edificar ochenta mil viviendas en la reserva ecológica Thomas van der Hammen.
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Una cosa es firmar un acuerdo y otra cosa es cumplirlo. O como decían por experiencia nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, “del dicho al hecho hay mucho trecho”. El presidente de Colombia, junto con mandatarios de otros ciento setenta y cuatro países, suscribió, en nombre de la República, el pasado 22 de abril en la Asamblea de las Naciones Unidas, la ratificación del Acuerdo de París sobre la lucha contra el cambio climático. Una vez que el Congreso Nacional, conformado por los ciudadanos más probos, virtuosos, inteligentes, sabios, trabajadores y honestos con que cuenta la Nación, elegidos por sus confiados conciudadanos para hacer leyes justas, apruebe lo actuado por el presidente Juan Manuel Santos en Nueva York, el Acuerdo de París tendrá plena vigencia para Colombia.
Falta por ver si el trecho entre el dicho y el hecho es recorrido con serena celeridad por los honorables parlamentarios, o si, de acuerdo a la costumbre, se dan mañas de volverlo interminable, expertos como somos en mamarles gallo, con la debida solemnidad, a los compromisos contraídos, sobre todo en materia internacional. Cuántos de los que se han rubricado, desde tiempos inmemoriales, duermen un sueño plácido en las gavetas del olvido.
Para ser aprobado por el Congreso, el Acuerdo de París contra el cambio climático no requiere mayor discusión. Esa tarea la hicieron a cabalidad los científicos y especialistas que analizaron el problema durante años y que llegaron a la conclusión del peligro de extinción en que se encuentra la raza humana como consecuencia del cambio climático. El único motivo de morosidad en la aprobación del Acuerdo de París por el Congreso colombiano sería la acción de los grupos privados que ven ese acuerdo como perjudicial para sus intereses; pero los colombianos sabemos que nuestro Congreso es un nido de patriotas de la más alta calidad, que nunca pondrían los intereses particulares por encima del interés general de la Nación. (Escucho por ahí risitas irrespetuosas, pero no les haré caso, no hasta el final de la columna, en que recibiremos un golpe de ‘fracking’).
Tal como lo informa EL TIEMPO (23/4/2016), una vez refrendado por el Congreso colombiano el Acuerdo de París, “el país quedará comprometido a frenar la deforestación, cambiar los modos de transporte en las ciudades, sustituir en la industria los derivados del petróleo, apostarle a energías renovables y mejorar los rellenos sanitarios, entre otras tareas”.
Por lo que a Bogotá respecta, el Acuerdo de París la obliga a ajustar su plan de desarrollo a esos compromisos de lucha contra el cambio climático y a la consecuente protección del medioambiente.
Primero: incrementar la arborización de la ciudad, que hoy tiene un déficit de árboles cercano al ochenta por ciento de su área total. En la primera administración del alcalde actual, la entonces directora del Jardín Botánico, María Consuelo Araújo, tenía preparado, con el aval del alcalde, un plan para arborizar con robles las principales avenidas y calles de la ciudad. El roble es una de las especies más nobles, protectoras y decorativas, y el árbol que más se adecúa al clima y a la configuración geológica de la capital. Sin embargo, el plan de la doctora Araújo se quedó en veremos. Lo sucedieron un furioso arboricidio y una intoxicación urbana con cemento, que todavía padecemos por cuenta de la segunda administración de Mockus.
El Acuerdo de París es una condena explícita y tajante a la pretensión del alcalde Peñalosa, y de un grupo de constructores ‘encementadores’, de edificar ochenta mil viviendas en la reserva ecológica Thomas van der Hammen, principal pulmón urbano que hoy les permite a los habitantes de Bogotá respirar un aire todavía puro, y no uno venenoso y letal como el que tiene en serios apuros a Ciudad de México. La reserva Thomas van der Hammen debe ser conservada en calidad de gran parque ecológico y protegida a toda costa. ¿Qué tal que un alcalde de Nueva York propusiera llenar de edificios ‘los potreros’ del Central Park? No duraría 24 horas en el cargo. La reserva Thomas van der Hammen equivale en Bogotá al Central Park neoyorquino.
Segundo: cambiar los modos de transporte en las ciudades. Significa elaborar un plan de sustitución paulatina, a veinte o veinticinco años, del parque automotor actual de gasolina, por vehículos eléctricos. Y deben reemplazarse los buses diésel de TransMilenio por buses de modo eléctrico, y así todo el servicio de transporte público masivo. Planificar la construcción de por lo menos seis líneas de metro subterráneo de aquí al 2038, y de una red de tranvía eléctrico que cubra la ciudad en las vías por donde no circule el TransMilenio, y tomando como eje la carrera séptima en el curso completo de su trayecto desde el extremo sur hasta el extremo norte. Continuar y acelerar el programa de taxis eléctricos iniciado por la administración Petro. Será la revolución del transporte público urbano, en Bogotá y en Colombia, para el siglo XXI. En Medellín ya la comenzaron.
Tercero: apostarle a las energías renovables. No creo que sea posible eliminar del todo el suministro tradicional de fluido eléctrico para el alumbrado público y domiciliario, o para el uso industrial, al menos en los próximos cincuenta años; pero sí debe adoptarse de inmediato una ley que obligue a constructores, arquitectos e ingenieros a diseñar en adelante edificios que empleen para su iluminación paneles solares o eólicos.
Los otros ítems: mejorar los rellenos sanitarios, sustituir el uso de los derivados del petróleo, etc., resultan tan obvios que, aún sin un acuerdo mundial contra el cambio climático, son parte de las obligaciones inherentes a cualquier administración, y lo inexplicable es la indolencia con que se les aborda.
Es claro que los nuevos desafíos para el mejoramiento de la calidad de vida urbana no pueden recaer exclusivamente sobre los hombros de los alcaldes ni de los funcionarios. A la ciudadanía en general le compete actuar en la vigilancia, colaboración y verificación del desarrollo y cumplimiento de los puntos suscritos en el Acuerdo de París, que traerán un cambio trascendentalmente benéfico para los habitantes de las ciudades grandes, medianas y pequeñas, en el siglo XXI.
